Cuando más aprieta el paro y la depresión económica, llega el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón con una subida de las tasas judiciales tan “inmoral” que convierte en papel mojado para los más desfavorecidos el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el 24 de la Constitución.
El calificativo de “inmoral” además de “preconstitucional e inconstitucional”, no es del cronista, sino del portavoz socialista en la materia y exministro de Interior Antonio Camacho. Gallardón dejará además sin derecho a abogado de oficio –principal expresión del famoso “beneficio de justicia gratuita”– a los mileuristas, entendidos como “las unidades familiares que superen dos veces el Iprem”, ahora situado en 532 euros mensuales.
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