El conjunto de reformas coordinadas que endurecen leyes como la de
seguridad ciudadana, de seguridad privada, del aborto, y del código
penal, junto a la anunciada nueva ley de servicios mínimos o la ley de
procedimiento penal, se cierran como un puño frente a los trabajadores y
la sociedad en general, amenazando con golpearnos con más fuerza que
nunca.
La CNT afirma que no estamos ante una regresión sino que en esta
ocasión el Estado muestra su verdadera faz y prioridades a la población.
El gobierno, su agente ejecutor, lejos de poner en marcha mecanismos
para afrontar la pobreza, generar empleo, servicios sociales y aumentar
los derechos civiles, elige la represión como la única vía para
mantenerse en el poder tratando de ahogar la contestación social a sus
políticas de explotación y expolio de derechos a través del miedo.
La elección de la represión mediante multas tiene además otros
objetivos: la inmediatez de la sanción, ocultar la violencia policial,
judicial y carcelaria, que desde luego no dejarán de usar, pero que la
hará invisible para buena parte de la sociedad. Además, las multas
gubernativas generan indefensión jurídica al tener menos garantías
incluso que un procedimiento penal, ya que sólo cabe como defensa al
recurso administrativo ahora mismo prohibitivo con las nuevas tasas
judiciales.
Y para ello parecen no bastarle las diversas policías, con la nueva
ley de seguridad privada otorgan nuevas competencias a esta parapolicía
para interrogar, cachear y detener en espacios públicos además de
permitirles acceder a ficheros policiales.
Las libertades esenciales están en peligro, la acción sindical y
social está amenazada con la tentativa de una ley de servicios mínimos
de huelga, la nueva ley de procedimiento penal coarta la libertad de
información sobre casos de corrupción que estén judicializados, también
está en juego la libertad sexual y reproductiva con la intromisión
ideológica de la derecha más rancia y del nacional-catolicismo, además
como telón de fondo; el endurecimiento general e inhumano del código
penal.
Para ello, el Estado y el capital necesitan más material
antidisturbios, macrocárceles y aquí, por supuesto, no hay recortes sino
aumento del gasto, e insistimos, donde no llegue la seguridad
“pública”, llegará la privada.
El gobierno intenta crear una ficticia sensación global de
inseguridad en la población utilizando los medios de comunicación que
controla, lanzando globos sonda con el avance del catálogo de sanciones
para luego aparentar rebajarlo. Con estas leyes no sólo algunos partidos
se quitan la careta sino que otros intentan ocultarse tras otra,
haciendo el papel de oposición, pero nosotros recordamos la “Ley
Corcuera” del PSOE y otras normas represivas que deberían bastar para
que nadie sea engañado de nuevo y deposite su esperanza en el voto,
confiando en una clase política corrupta al servicio del capitalismo.
Atacan las formas clásicas de resistencia y el apoyo social a las
organizaciones combativas cultivando el miedo e intentan detener las
protestas sociales, promoviendo el colaboracionismo ciudadano con el
orwelliano “concepto integral de seguridad pública”, que de facto supone
laminar los derechos de manifestación, libre expresión, huelga,
informacion y libertad sexual.
Una parte de estas nuevas leyes están hechas para reprimir
expresiones de rebeldía recientes como son el movimiento antidesahucios,
ciertos sectores del 15M, las ocupaciones, acampadas en plazas...
Solo a través de la lucha y la solidaridad podremos enfrentar este
grave ataque a las libertades y derechos de la clase trabajadora. Con
esta estrategia coordinada de leyes represivas el capital, a través del
estado, pretende asegurar sus privilegios gestionando su democracia en
crisis y criminalizando las revueltas que genera la pobreza. La CNT
estará en la calle oponiéndose a esta agresión social en todas sus
formas.
Es necesaria un respuesta organizada, colectiva y contundente.
Si el miedo empobrece y la represión amordaza, la lucha es el único camino.
Secretariado Permanente
del Comité Confederal de la CNT
