"¿Cuánto
han ahorrado? ¿Qué precio le ponen a mi vida, 300 euros al mes, de los
cuales yo abonaba la mitad? ¿150 euros al mes vale mi vida para ellos?".
El binomio sanidad-inmigrantes tiene dos caras...
En el plano político está marcada por reinterpretaciones de una misma realidad, más aún desde el año pasado, con la entrada en vigor de la reforma sanitaria. En el social, el drama de personas anónimas excluidas del sistema público de salud.
El
entrecomillado pertenece a Silvia Graciela Velázquez, uruguaya de 52
años, que lleva 10 años en España y al estar en situación administrativa
irregular ya no recibe la misma atención que hace un año en la
Seguridad Social. Su marido y su hijo tienen permiso de residencia, ella
no. Tiene enfermedad pulmonar crónica y depresión. Otro caso es el de Luis Andrés Ulloa Carvajal,
chileno de 34 años, a quien la reforma le ha pillado en un tratamiento
contra el cáncer de vejiga. Se operó en 2010 y tiene que hacerse
controles cada seis meses. "Me dijeron que el precio de las analíticas
es de entre 80 € y 200 €…Yo eso no lo voy a poder pagar”.
873.000 PERSONAS SIN TARJETA SANITARIA
Son testimonios recogidos por Amnistía Internacional en su informe El laberinto de la exclusión social, centrado en la situación de Baleares como ejemplo de las consecuencias de la aplicación de la reforma sanitaria, que ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes. Uno
de los casos más mediáticos de la nueva reforma se ha dado en esta
región: la muerte de un hombre de origen senegalés por tuberculosis en
Mallorca al que no se había realizado seguimiento.
La nueva normativa -que tantas mareas blancas de protesta ha
generado- delimita los supuestos de asistencia sanitaria gratuita para
personas en situación administrativa irregular a urgencias; embarazo,
parto y post-parto; menores de edad; personas solicitantes de protección
internacional y víctimas de trata de seres humanos "en período de
restablecimiento y reflexión" (con procedimientos iniciados). Ya no hay
derecho al médico de cabecera y, por ejemplo, deben pagar por analíticas
y por pruebas de seguimiento.
CAS, Coordinadora Anti-privatización Madrid
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.