Una reforma energética que penaliza el ahorro y el autoconsumo

 CRISIS ENERGÉTICA

El pasado 12 de julio el Consejo de Ministro alumbró un nuevo Real-Decreto Ley, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, convalidado en cinco días en el Congreso de los Diputados mediante la apisonadora de la mayoría absoluta. A lo largo de los días siguientes han ido apareciendo trece borradores de normas, entre ellos, el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico que derogará a la ley del año 97. El paquete normativo cocinado al margen de la ciudadanía se está tramitando por la vía de urgencia, de ahí, que tan sólo se haya habilitado un plazo de 10 días para el trámite de audiencia pública, siendo imposible cumplimentar éste por imposibilidad material de estudiar sus más de 1.000 páginas en tan corto periodo de tiempo.

Esta reforma energética se enmarca dentro de la  una lógica de concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos, en un sector, el de la energía, en el que la tecnología hace posible cuestionar radicalmente esta tendencia. Es difícil que un pequeño taller textil pueda competir en costes con la producción globalizada, masiva y explotadora de las grandes cadenas de moda, pero en el mundo de la energía resulta que para el consumidor, un modelo distribuido de producción y consumo basado en el uso eficiente de la energía, en el ahorro y en las tecnologías renovables (en las que la materia prima es gratuita) es más barato que el modelo centralizado. No es casual que, partiendo de estas coordenadas, la reforma del sector responde al dictado de la patronal UNESA, siendo el oligopolio energético  el único agente indemne frente a los sacrificios que la nueva normativa exige al resto de los agentes: consumidores, contribuyentes y productores de energías renovables.

Las claves para entender por qué la reforma del sector eléctrico es un ataque a la ciudadanía son las siguientes:

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Extraído de Diagonal