Foto: P:Rubio |
La sanción punza en los movimientos sociales y muerde, según los afectados, el derecho a la libertad de expresión. La brecha, pues, sigue abierta. Todos denuncian una caza de brujas. El 17 de junio alicantino amenaza con llegar al Congreso porque EU pedirá la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Los prejudicados ya preparan sus recursos.
La semana pasada, una treintena de personas recibió la notificación: 1.000 euros por protestar. Se les acusa de cortar varias avenidas (aunque la Subdelegación del Gobierno tuviera conocimiento de la protesta y no se opusiera a ella, tal como recuerda uno de los organizadores) pero se da la circunstancia de que a muchos de los participantes, denuncian, nadie les pidió el DNI, ni se les arrestó.
Entonces, ¿cómo es posible que les haya llegado una carta a sus casas, con sus datos y en algunos casos con el colectivo social del que forman parte?, se preguntan. Víctor Domínguez, miembro de la ejecutiva de EU y ex candidato al Congreso por Alicante, habla de ficheros policiales. "Si han tenido que recurrir a los ficheros es porque nos tienen identificados por ser activistas y no por participar en una acción que vulnere la ley", señala."En teoría nos han identificado por vídeos o testimonios de los policías, pero mala es cuando hay gente que ni siquiera estaba en la manifestación".
Es el caso de David. Le ha llegado la multa pero asegura que ese día estaba con su mujer en el hospital porque ella tenía que hacerse una ecografía. "Las horas en las que me sitúan en la movilización yo estaba en el médico", explica con la ecografía (que registra la hora y el día) en la mano.
Para los organizadores de la protesta se trata de una persecución política. "Quieren frenar los movimientos sociales que tanto incomodan pero no lo van a conseguir", sentencian.
"No sé cómo pretenden que las avenidas no queden cortadas cuando hay concentradas 1.500 personas", razona Domínguez. "No es un ataque concreto sino a toda organización que expresa su malestar social", continua Domínguez que quiso dejar claro que "ninguna persona se vio implicada en un incidente anormal". "Se trata de sanciones aleatorias e indiscriminadas".
Los afectados y sus colectivos —15M, CGT, CNT, Arran, PCP, Izquierda Anticapitalista y Izquierda Unida— denuncian que las sanciones son "aleatorias e indiscriminadas" y advierten de que volverán a la calle. "Seguiremos protestando".
Extraído de elmundo.es
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