Pero las eventuales salidas a la coyuntura económica en la que nos encontramos no dependerán del gobierno que se instale en Madrid el próximo 21 de noviembre. En el entorno globalizado en que nos encontramos, los gobiernos nacionales no cuentan con margen de maniobra para poder emprender acciones individuales frente a la crisis. Más aún, dentro de la Unión Europea, vemos como las decisiones que nos afectan directamente, se cuecen en el auténtico centro de poder del continente, que es Alemania y en menor medida, Francia. Unas decisiones, además, que carecen de contenido social, en las que las necesidades de la población -de los votantes, por tanto-, no son consideradas ni siquiera en último lugar. La prioridad, con carácter absoluto, es evitar una quiebra bancaria masiva ante la imposibilidad manifiesta de los estados europeos de hacer frente a la deuda contraída. Como hemos podido ver con la gestión hecha por Zapatero, los socialistas han tenido que plegarse totalmente a los designios impuestos por el Banco Central Europeo y el eje franco-alemán, llegando incluso a promover una reforma “express” de la constitución para garantizar a los prestamistas extranjeros que el pago de la deuda será una prioridad para España por encima de cualquier otro gasto. Un reconocimiento, expreso, de que los intereses de los poderes financieros estarán situados muy por encima de las necesidades de las personas, vengan como vengan las cosas en el futuro. Este hecho, por si solo, revela la posición en la que se encuentra la soberanía nacional respecto al poder del mundo financiero y da cuenta, de forma explicita, de la capacidad de movimientos con los que cuentan los gobiernos de cada país.
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