En esta época de recortes y ajustes, es cuando se hacen más evidentes las prioridades de los que nos dirigen. Una buena prueba de esto es lo que sucede con el gasto militar...
Abrimos esta reflexión al hilo de la celebración el 30 de enero del Día de la Paz y la No Violencia, una conmemoración que se celebra con gran entusiasmo en los colegios, pero que pasa con gran indiferencia ciudadana en las calles.
Vivimos tiempos de ajustes en los que se ponen en cuestión servicios tan básicos para la sociedad como la sanidad, la educación o la protección social. Por eso, algunas cifras resultan escandalosas. Por ejemplo, el gasto militar en España en el año 2011 fue de 17.248 millones de euros, un 1,62% de nuestro PIB y un 4,76% de los Presupuestos Generales del Estado. Esto se traduce en un gasto de 47 millones al día en inversiones armamentísticas. Para poner en valor esta cifra, podemos apuntar los presupuestos de algunos ministerios: Sanidad y Política Social, 2.553 millones de euros; Educación, 2.797; o Justicia, 2.564.
Según los datos que facilitó el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez poco antes de dejar su cargo, la deuda que arrastra España por sus compromisos en gasto militar llega a los 36.000 millones de euros. Al firmar esos contratos con la industria armamentística, España aceptaba un escenario de pagos. La generación de esta deuda comenzó con el Gobierno de José María Aznar. Se pensó que España debía modificar su defensa, es decir, comprar nuevas y sofisticadas armas mediante unos programas de inversión (el avión de combate europeo Eurofighter, las fragatas de proyección y multiusos F100 y los carros de combate Leopard). Se trataba de reformar el ejército español para hacerlo más profesional y moderno. Para financiar este proyecto, se ingenió una original fórmula de pago: se comprometían diversos programas con las principales industrias militares, aplazando su entrega y su pago en el futuro.
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